El Carabobeño 14/06/2010
¡Hasta cuándo!
Justicia podrida
Pablo Aure
¡Hasta cuándo!
Justicia podrida
Pablo Aure
Imposible dejar pasar por alto el absurdo proceso penal contra mi vecino de pagina “Pancho” Pérez y que culminó el pasado viernes en primera instancia con la desatinada sentencia de condena a tres años y nueve meses de cárcel, inhabilitación política y profesional, y, además, pagarle al fisco 1.450 UT (BF 94.250,00). Cuando veo a ciertos fanfarrones hacer alarde de “su honestidad” recuerdo la frase de Groucho Marx: “Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Y si responde sí, entonces sabes que es corrupto”. O el refrán criollo: “Dime de qué te ufanas y te diré de que adoleces”... Lamentablemente los jueces, en tiempos de la podrida revolución bonita, no son independientes y están estrechamente subordinados a los mandatos del régimen y su partido. Pancho Pérez dijo que en la administración del alcalde Edgardo Parra había nepotismo y creo que también dijo que algunos de sus familiares se despachaban y daban el vuelto en sus cargos. Bueno, en cuanto a los familiares, ya el mismo Parra se encargó de ratificarlo. Es una irregularidad que todo el mundo comenta en los predios del ayuntamiento valenciano. Inclusive se comenta que en una oficina del Reda Building, en las Cuatro Avenidas de Prebo, se citan contratistas y benefactores para llegar a acuerdos y transacciones; quizá sea mentira, pero es cuestión que debería investigarse. O es nuevo en Venezuela que los periodistas de opinión formulen ese tipo de denuncias echando mano de sus fuentes, las que de acuerdo con el ordenamiento que regula la profesión de periodista debe mantenerse en secreto. Por ejemplo, José Vicente Rangel puede testificar si fue perseguido durante la cuarta república, en la que proliferaban en sus crónicas denuncias sobre posible corrupción en los órganos de la administración pública. Pues bien, se inicia una verdadera persecución y censura contra la denuncia de este tipo, justo en momentos en que comienzan a develarse grandes desfalcos contra el patrimonio público, como el recientemente descubierto de los alimentos en descomposición de Pdval.
Sentencia nada honorable
La sentencia dictada por el Juez Quinto de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo es una peligrosa amenaza a la libertad de expresión y opinión, así como al libre ejercicio de la profesión del periodismo en Venezuela. No se trata de una simple defensa de la libertad de información, pues, al contrario, se trata de la opinión de un respetado periodista de dilatada trayectoria. La decisión tiene un alcance que va más allá del caso de Francisco “Pancho” Pérez, pues se está creando un clima de censura que limita el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos y, entre, ellos el de expresarse libremente. Por otra parte, resulta importante destacar que nos hemos topado con la desafiante mirada de un gobernante que se alza, combinado con la “justicia”, para amedrentar y callar las voces que llevan a la opinión pública las denuncias sobre posibles actuaciones que dejan en entredicho la claridad y transparencia de la conducta del burgomaestre. El propósito no es otro que eliminar el observatorio que escruta la realidad y el actuar en vida pública. En otras palabras: quieren ejercer el poder sin límites, ni limitaciones. Para otros, en cambio, se nos exige que la opinión tenga límites y, en este caso, el ejercicio de la profesión periodística también, no para salvaguardar el honor, sino para que no se conozca lo que con descaro es inocultable por más condena y censura que quieran imponernos.
Cuestión de vanidad
“Reputación” es la valoración que los demás hacen de nosotros a través de nuestra conducta real o aparente. Una cosa es lo que uno piensa sobre sí mismo, y otra muy distinta es lo que los demás piensan de uno. No tengo dudas de que nuestro burgomaestre tiene una autoestima muy elevada. Aunque sea distinta su apreciación a la del resto de los valencianos. Imposible pedirle al alcalde que cambie la manera de verse. Recordemos “cada pulpero alaba su queso”. Lo que sí es una desgracia es que en el camino ese pulpero que se molesta por comentarios recurra a jueces blandengues para estrujarnos en la cara una mentira: cambiar lo que todos vemos manchado y nos lo quiera hacer ver como inmaculado.
La réplica era suficiente
El derecho a informarse y ser informado en los Estados democráticos constituye la base fundamental del sistema constitucional. Criminalizar la opinión disidente es una respuesta desproporcionada e innecesaria a la necesidad de proteger reputaciones. De hecho, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos ha recomendado a los países miembros de la OEA que esas normas que castigan con cárcel a “difamadores” de funcionarios públicos (leyes de desacato) deben ser abolidas para fortalecer la democracia. En efecto, los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio popular que los hace susceptible de infinidades de críticas. Evitar mediante acciones judiciales y cárcel que se informe sobre conductas gubernamentales, desde luego que debilitaría -y hasta haría desaparecer- la concepción democrática y pluralista establecida en la Constitución. El alcalde Parra muy bien pudo haber recurrido al derecho a réplica que lo asiste constitucionalmente (Art. 58 CRBV), esto es, desmentir lo narrado por “Pancho” Pérez, y de ese modo el escrutador final hubiese sido el soberano, en lugar de un juez. Desde luego, me imagino que se acordó que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino que también tiene que aparentarlo, y lógicamente prefirió hacerse justicia por sus propias manos, invocando la decisión de un Juez lamentablemente sumiso.
No desmayes Pancho
No desmayes Pancho
El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela está siendo limitado con este tipo de decisiones judiciales que inhibe a los ciudadanos a denunciar, en abierta contradicción con la libertad. Sin embargo, de seguro que esta sentencia será recurrida por los abogados defensores del periodista, por lo que sólo queda esperar la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
Twitter: @pabloaure
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