En la única ley habilitante que pudieramos de acuerdo en que le Asamblea Nacional le otorgue a Nicolás Maduro,
sería para autorizarlo a rescindir los convenios de “colaboración” que mantiene
Venezuela con Cuba, Bolivia, Nicaragua o Ecuador (entre otros) y países del caribe, en los cuales les suministramos petróleo o ayudas económica
sin recibir nada a cambio. Estaría de acurdo también que lo habiliten para desalojar
de la institución militar a todos esos milicianos que han venido desde cuba a
inmiscuirse en la formación castrense de los militares patriotas. Precisamente esos
convenios suscritos por el presidente fallecido sumado a los altos índices de
corrupción e ineptitud son los que han contribuido a que nos encontremos en una
grave crisis económica.
Quiero ser enfático: Maduro no
necesita una habilitante para gobernar, quien necesita estar habilitado para
encontrar los productos de primera necesidad es el pueblo venezolano, que no
consigue ni siquiera leche para alimentar a los muchachos.
Es injustificable e
inconstitucional que la Asamblea Nacional le otorgue poderes habilitantes a
Nicolas Maduro para luchar contra la corrupción; digo injustificable porque las
leyes habilitantes se conceden en materia de urgencia y esto es, cuando no
exista una vía más expedita (imposibilidad para reunirse la AN, y sea requiera efectivamente
la ley) ese el momento para delegar poderes legislativos al ciudadano
presidente. En Venezuela no estamos en presencia de esos supuestos. Si bien es
cierto tenemos unos grados de corrupción nunca antes vivido, no es menos cierto
que también tenemos los instrumentos legales para combatirla. Por ejemplo, la
Ley contra la corrupción, reformada precisamente por este gobierno durante la
presidencia de la AN de Francisco Ameliach, actual gobernador de Carabobo, me imagino, fue uno de los pocos
textos legislativos que firmó debido a sus reiteradas inasistencias cuando fue diputado a la AN.
Debemos recordar que a Ley Contra la Corrupción en su artículo 73 señala
que será castigado de 3 a 10 años al funcionario público que haya incrementado
su patrimonio de manera desproporcionada a sus ingresos, y que además no
pudiera justificar. Invito a los ciudadadnos que vean a su alrededor y observen
a quienes están en cargos gubernamentales, esas mismas personas en su mayoría venidos del estamento militar que hace 15 años eran pobres de
solemnidad y hoy los vemos exhibir lujos que muy pocos magnates pueden darse.
Pero hay más: ¿para qué Maduro quiere una habilitante si cuando han querido
detener o allanar hogares de ciudadanos lo hacen sin ningún impedimento?
Tenemos el caso del alcalde Parra o el de su hijo “Edgardito”, un poco antes la
detención arbitraria de la juez Afiune, recientemente la persecución a Rafael Isea,
Otorgar una habilitante a Maduro
con el pretexto de luchar contra la corrupción no es más que otra mentira,
pues, desde donde emana la mayor corrupción es del poder ejecutivo y
precisamente donde Maduro es la cabeza.
Por otra parte quiero ratificar
que en ningún caso por una ley habilitante se pueden crear delitos o penas
porque viola el principio de la reserva legal legislativa; en efecto solo el Poder legislativo Nacional tiene esa potestad,
es decir, solo la AN puede crear delitos y penas.
Para finalizar quiero recordarle
a los ciudadanos diputados que el artículo 187 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela establece como una de las principales
atribuciones de la Asamblea Nacional: la de ejercer funciones de control sobre
el gobierno y la Administración Publica. ¿Qué quiere decir eso? Que es la AN la
que debe controlar al Ejecutivo y no al contrario.
Existen las instituciones y también
las leyes para combatir la corrupción, lamentablemente al frente de las instituciones
están personas incursas en los delitos que ellos deberían
investigar y sancionar. En Venezuela existe el binomio perfecto: hay corrupción
porque hay impunidad y hay impunidad porque hay corrupción.
Lo he dicho varias veces: el caso
del alcalde Edgardo Parra solo es una simple muestra de la olla que en
cualquier momento se va a destapar en Venezuela. Pregunto: ¿Cómo justificaría el
diputado Pedro Carreño los lujos que se da, comenzando por el vehículo en el
que se desplaza? Ustedes se imaginarían lo que encontrarían si investigan a Diosdado
Cabello o al matrimonio presidencial. Pregunten quienes eran los Cabello, los
Carreño, los Maduro en Colombia o los Flores entre muchísimos otros y vean
ahora como han abultado exageradamente su patrimonio. Es a ellos a quienes
deben investigar. Lo que quiere decir que ellos no son los que deben dirigir ningún
tipo de investigación, porque los principales sospechas recaen desde el
presidente Maduro hacia abajo. Incluidos muchos diputados oficialistas
que para congraciarse con Maduro, están desesperados por otorgarle poderes habilitantes dizque para luchar contra la corrupción, claro, forman parte del
mismo clan. Lo más probable es que encuentren la manera de encontrar al diputado 99 utilizando a los verdugos paradojicamente habilitados en la Fiscalía General de la República y en el Tribunal Supremo de Justicia: inhabilitan a los diputados opositores y asumen su lugar diputados traidores.
@pabloaure
@pabloaure
No hay comentarios:
Publicar un comentario