“La corrupción no es materia para una Ley Habilitante”
Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo. ( / Fernandoa Aguirre)
Valencia, octubre 6 (Eulimar Gómez).- Pablo Aure, abogado y secretario de la Universidad de Carabobo, aseguró recientemente que “la corrupción no es materia para una Ley Habilitante”. La aseveración la hizo a propósito de la solicitud de otorgación de esta herramienta que introducirá en los próximos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el Parlamento Nacional, con el objetivo de “luchar contra la corrupción”.
Aure aseguró que se trata de un “exabrupto jurídico que se pretenda solicitar esta norma en pro de la corrupción -dijo- en primer lugar, por el abusivo uso de poderes discrecionales del Estado y de los altos funcionarios del Gobierno, ya que es esto precisamente lo que nos ha llevado a niveles de corrupción nunca antes vistos en Venezuela”, afirmó.
“Por lo tanto, -continuó Aure- no se puede luchar contra lo que se es partícipe de haber profundizado en el país”, agregó el Secretario.
Por otra parte, señaló que la potestad y facultad de juzgar delitos es indelegable, esto -según mencionó- forma parte de lo que se denomina: Reservas legales del poder legislativo nacional, dijo.
Añadió que son las leyes nacionales elaboradas por la Asamblea Nacional las que tienen la autoridad de crear procedimientos para sancionar delitos.
“La Asamblea Nacional no puede habilitar a Nicolás Maduro para que combata la corrupción porque además esa ley se dicta en materia de urgencia, sobre todo en asuntos económicos, no en temas de delincuencia, si bien es cierto que es necesario combatirla, no es precisamente a través de una habilitante la vía correcta”, sostuvo.
Expresó que son los tribunales de justicia, la Fiscalía del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, los que deben combatir la corrupción, “si estos poderes funcionaran correctamente, autónoma e independientemente y bajo ningún tipo de parcialidad política, los niveles de corrupción se controlarían en gran medida”.
Finalmente, resaltó Aure que la vía más idónea para salvar el país de la corrupción está en dar el ejemplo desde los altos rangos de poder. Detalló casos como la otorgación de cargos funcionales para familiares en asuntos de la administración pública, nombramiento de ministros cuestionados por la justicia, destitución del Ministerio de Relaciones Interiores, entre otras aseveraciones.
Aure aseguró que se trata de un “exabrupto jurídico que se pretenda solicitar esta norma en pro de la corrupción -dijo- en primer lugar, por el abusivo uso de poderes discrecionales del Estado y de los altos funcionarios del Gobierno, ya que es esto precisamente lo que nos ha llevado a niveles de corrupción nunca antes vistos en Venezuela”, afirmó.
“Por lo tanto, -continuó Aure- no se puede luchar contra lo que se es partícipe de haber profundizado en el país”, agregó el Secretario.
Por otra parte, señaló que la potestad y facultad de juzgar delitos es indelegable, esto -según mencionó- forma parte de lo que se denomina: Reservas legales del poder legislativo nacional, dijo.
Añadió que son las leyes nacionales elaboradas por la Asamblea Nacional las que tienen la autoridad de crear procedimientos para sancionar delitos.
“La Asamblea Nacional no puede habilitar a Nicolás Maduro para que combata la corrupción porque además esa ley se dicta en materia de urgencia, sobre todo en asuntos económicos, no en temas de delincuencia, si bien es cierto que es necesario combatirla, no es precisamente a través de una habilitante la vía correcta”, sostuvo.
Expresó que son los tribunales de justicia, la Fiscalía del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, los que deben combatir la corrupción, “si estos poderes funcionaran correctamente, autónoma e independientemente y bajo ningún tipo de parcialidad política, los niveles de corrupción se controlarían en gran medida”.
Finalmente, resaltó Aure que la vía más idónea para salvar el país de la corrupción está en dar el ejemplo desde los altos rangos de poder. Detalló casos como la otorgación de cargos funcionales para familiares en asuntos de la administración pública, nombramiento de ministros cuestionados por la justicia, destitución del Ministerio de Relaciones Interiores, entre otras aseveraciones.
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