La rectora Jessy Divo reivindica el derecho constitucional a una educación integral. / Foto: AFP
Desde las universidades seguiremos luchando por recuperar lo que hemos logrado durante décadas
Alfredo Fermín
La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, considera necesario que se denuncie ante la Fiscalía la nueva modalidad de ingreso a las universidades aprobada por el Consejo Nacional de Universidades, porque a su juicio ese organismo del poder público ha violado disposiciones constitucionales y de la Ley de Universidades.
Argumenta que la Constitución, en los artículos 137 y 139, establece las atribuciones del poder público nacional cuya violación acarrea responsabilidad individual por abuso de poder.
Pone como ejemplo que el artículo 103 de la Constitución dice que todos tienen derecho a una educación integral. “Pero eso no es posible para todos; no podemos ser populistas en materia de educación porque las universidades y todas las casas de educación superior deben garantizar calidad y excelencia académica”.
Amable, pero con firmeza, Divo de Romero rechazó “que nosotros queremos impedir el ingreso de jóvenes al sistema de educación superior, como les quieren meter en la cabeza. Es todo lo contrario; estamos procurando las mejores vías para garantizarles sus estudios pero tenemos que ser responsables de principio a fin, por lo cual no podemos ofrecer estudios sin tener mecanismos para garantizar que los jóvenes, de acuerdo con sus aptitudes y vocaciones, puedan lograr sus títulos universitarios”.
En esta entrevista la rectora confesó que son tantos los problemas que debe enfrentar a diario que “nuestra gerencia se ha reducido a resolver problemas y a evitar conflictos más que a lograr crecimiento como corresponde a las universidades, para crear ofertas académicas en el pregrado y en el postgrado. Estamos convencidos de que el gobierno quiere que abandonemos la lucha, que nos entreguemos”.
¿Cómo está el problema de los bajos salarios del sector universitario?
-La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Fapuv, ha insistido en participar en las discusiones para el incremento salarial del trabajador universitario. A nosotros no nos molesta que se le hayan hecho aumentos a otros sectores como el militar, pero es inaceptable que el Ministerio de Educación Universitaria no se pronuncie a favor de nuestras solicitudes. Condicionar la discusión, como se pretende, es perverso porque el salario de los universitarios está por debajo de los otros trabajadores de la administración pública.
Se nos debe reconocer que también somos víctimas de la inflación galopante que vive el país, que incrementó la alimentación y todos los servicios.Si hay una política gubernamental que decidió no invertir en educación se va a encontrar de frente con unas universidades luchando por recuperar y mantener lo que hemos logrado durante décadas.
¿Qué está planteando el sector universitario?
-Que acuerden el aumento y que se mantenga la discusión de la convención colectiva para su posterior aprobación. Sin embargo, el gobierno en vez de resolver el problema lo entorpece pretendiendo hacer creer que los malos son los gremios que paralizan las actividades y perjudican a los estudiantes. Eso no es verdad, nuestros gremios hacen un gran esfuerzo por contener a las bases, a las cuales representan. Estos gremios y expertos economistas de nuestra universidad han evidenciado que los salarios de los profesores universitarios de Venezuela son los más bajos de América Latina porque no se reconoce el trabajo que desarrollamos.
En el Consejo Nacional de Universidades me siento ofendida cuando rectores designados por el ministro, porque sus universidades no son autónomas, califican a los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Averu, de pedigüeños, de que lo único que hacen es pedir real. Nosotros no estamos pidiendo limosnas, ni dádivas. Estamos exigiendo lo que corresponde por ley a instituciones de educación superior.
Nos preguntamos: ¿cómo se puede ofrecer una educación de calidad si no se invierte en ella? ¿Cómo se pueden actualizar bibliotecas, laboratorios, para ofrecer un acto docente de acuerdo con el profesional que se quiere formar? ¿Cómo se puede prestar transporte estudiantil decente si nos impiden comprar unidades nuevas y nos niegan recursos para comprar repuestos que necesitan unidades que tiene en uso la Universidad de Carabobo desde hace 40 años?
Tampoco se respetan los marcos legales que regulan la manera de cómo se elabora y se aprueba el presupuesto para las universidades porque el ejecutivo lo asigna de acuerdo con su criterio. El presupuesto asignado a la Universidad de Carabobo no alcanza al 40 por ciento de lo solicitado. Y, como si fuera poco, del monto asignado el 87 por ciento es para gastos de personal por lo cual queda muy poco, casi nada, para la inversión académica.
¿Cuándo habrá elecciones en las universidades?
-Llevamos tiempo esperando los procesos electorales sin que se cumpla el artículo 9 de la Ley de Universidades que consagra la autonomía organizativa, académica y financiera de las universidades. Tenemos potestad para darnos nuestras propias normas de gobierno, pero hay una decisión del máximo tribunal que mantiene una suspensión porque no queremos violentar la Constitución.
¿Cómo es eso?
-Para quienes demandamos la nulidad de la Ley Orgánica de Educación porque no es aplicable por principios constitucionales y legales, mal podemos elaborar un reglamento electoral con fundamento en esa ley. No es que no queremos elecciones sino que no nos permiten procesos electorales basados en nuestros reglamentos, de acuerdo con la autonomía universitaria, sin intervención de directrices políticas gubernamentales.
¿Es cierto que en las universidades nacionales venden cupos?
-Eso es mentira y vamos a actuar jurídicamente, no en defensa de las autoridades universitarias, sino de la institución. Quien tenga pruebas de que en las universidades nacionales se venden cupos debe denunciarlo en la Fiscalía, como lo hemos hecho nosotros cuando hemos tenido conocimiento de esa irregularidad.
Ante tantos problemas, como los que usted plantea, ¿qué ha decidido el consejo universitario de la Universidad de Carabobo?
-El consejo universitario aprobó declararse en sesión permanente y nombró una comisión técnica, coordinada por el secretario Pablo Aure, para evaluar procedimientos y modalidades de ingreso. Si hay que corregir corregiremos. Fue nombrada una comisión jurídica coordinada por el decano de Ciencias Jurídicas y otra coordinada por el decano de Ingeniería para estudiar la situación de dotación y equipamiento de la universidad. Los informes serán presentados este lunes.
No estamos cerrados a evaluar, pero no aceptamos imposiciones inconstitucionales del CNU.A pesar de las turbulencias me siento muy orgullosa de mi universidad y de su consejo universitario porque en los momentos difíciles sigue estando al lado del país.
